SEQUOYAH / 78 / 79 / LIBROS / / Premio en UCI, Irvine / Proyecto de Pueblo para Puerto Rico / Kool Tour Activa / Codice / Blog personal / Blog / Carlos López Dzur / Blog Negro / Carlos Lopez en PR / La naranja de OC / Revista Sequoyah VirtualTegucigalpa: Los empresarios y las clases privilegiadas de América Central «deben pagar su parte de los impuestos y convertirse en socios integrales en este esfuerzos que debe ser de la sociedad. La seguridad no puede ser financiada por los pobres», pareció amonestar la secretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, en la conferencia centroamericana de seguridad en Guatemala.
Por Diana Canales
La afirmación de la secretaria de Estado sirvió para hacer creer que no serán los pobres, sino las clases pudientes los socios empresariales de los órganos de seguridad y en general de todo el sistema judicial, -como los consideró Clinton- quienes financiarán un fondo para el Plan Temporal de Seguridad Poblacional, en Honduras en particular.
Varios medios de comunicación respaldan una aparente realidad haciendo creer que serán los ahorrantes más ricos, las compañías mineras, las cadenas de comida rápida y las telefónicas las que financiarán el fondo para favorecer la seguridad de los más pobres.
Así igual, lo enfatizo el presidente del Legislativo, Juan Hernández, quien en cadena nacional de radio dijo hoy que serán los empresarios los que financien la seguridad para «proteger a los más pobres que son las víctimas de la inseguridad», contando la historia de una ciudadana “A” que tiene que pagar el impuesto de guerra de las pandillas.
Pero, no explicó cómo es que “A” dejará de pagar el gravamen pandilleril para pagar el plan de seguridad.
Lo que Hernández omite es que los cuerpos estatales cuidan la seguridad de los bienes que poseen los más ricos, y persiguen a los más pobres por lo general criminalizados, o que queriendo también poseer riqueza, como es su derecho, terminan involucrados en actividades ilícitas para conseguirlo. El narcotráfico ha aumentado, mientras millones de personas están en prisión acusadas por narcomenudeo, dice la Comisión Global.
Este sentido invertido de que quién en realidad pagará la tasa de seguridad, se produce también usando palabras genéricos como “cuentas”, “empresas”, con lo que se despista hablar de actos hechos por personas.
Las “comidas rápidas” no pagan, las “telefonías” no pagan, las “mineras” no pagan, sólo pagan los seres humanos, y únicamente quienes tienen alguna forma de ingresos, que además pagan, directa o indirectamente, por otros que menos poseen o no poseen nada.
Los nombres de las empresas, o de sus propietarios, registradas nominalmente en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) aparecerán como siendo los sujetos contribuyentes que pagan la tasa de seguridad. Y esta es otro distorsión de cómo el sistema construye una apariencia aceptable en la que una realidad es sumergida.
Con estos mecanismos el sistema se encarga de hacer olvidar que la cadena de producción termina en un eslabón final (y primero), un ser humano sobre quien se tasa una fuerza laboral, cuyo valor menos-preciado es lo que produce al patrono las más altas ganancias para acumular. De manera semejante ocurre con la cadena de consumo, en donde solo el consumidor final es quien soporta la carga impositiva.
Además de la casi gratuidad de los recursos naturales explotados -a veces obtenidos en forma fraudulenta-, sólo la parte de dinero con la que se queda el patrono al dejar de pagar sueldos y salarios justos a los trabajadores por su fuerza productiva subvaluada convertida en mercancía barata, es la utilidad principal que el empresario usa de nuevo en comprar otros recursos y volver a producir, a comercializar, o en el disfrute de más riqueza.
Una estrategia guerrerista fracasada, pero millonaria
Nada cambió en la cumbre centroamericana, la seudopolítica anti narco en la que se incluye a las pandillas, sigue siendo represiva y continua moviendo millones de dólares. Aunque argumenten que parte de los ingresos serán para “educar”, nunca se habló, ni en el congreso hondureño, ni en la Cumbre Centroamericana, de ningún programa específico de inversión sobre qué educar y su costo, que es muy probable será mínimo.
A pesar del contundente fracaso de la “guerra anti narco” durante cuarenta años centrada en medidas represivas, con más tragedia para la humanidad que éxito, como asegura el estudio 2011 de la Comisión Global de Política Anti drogas, que la hizo pedir cambiar la estrategia guerrerista impulsada por Estados Unidos, por una más humana basada en los derechos de las personas, en políticas integrales de salud y de educación.
De dos mil millones en “apoyo”, en realidad casi todo, el 80 por ciento, son préstamos de deuda externa a ser pagada también por el pueblo
Pero… ¿Quién pagará el préstamo de mil millones de dólares del Banco Mundial y los otros 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya cedidos para el plan de seguridad y que incrementará la deuda externa de los países?... Todo el pueblo centroamericano.
Solo el 20 por ciento será donado en tecnología, capacitación, inversión y entrenamiento. El resto de dinero que se dice contribución es vendido por los organismos financieros que aprovechan para hacer sus inversiones de capital con préstamos “blandos”, de los que casi nunca se informa si se terminó de pagar.
Sin embargo, para el ministro guatemalteco de Finanzas, Alfredo Del Cid, la comunidad internacional "respondió positivamente al llamado de Centroamérica", según declaró a la Efe.
Clinton aseguró que Estados Unidos (el pueblo) aportará 300 millones para el programa conjunto de seguridad poblacional centroamericana que impulsa, agregando 40 millones de dólares, a más de los otros 260 millones que ya habían sido dados para este año.
Pagan siempre los consumidores y usuarios no las empresas
A más de que, en Honduras será la población asalariada y los trabajadores que con suerte se rebuscan ingresos para el consumo diario para sus familias, quienes asumirán el costo de pagar por el 0.05 por ciento aplicable a las ventas de comidas rápidas.
Misma proporción que sumarán al precio de factura para el consumidor convirtiéndose, los empresarios, únicamente en colectores de nuevos impuestos y cobrándose, además, ese favor al gobierno, quedándose con los intereses que consiguen depositando el dinero del Estado en sus cuentas bancarias por unos días, o meses, aplicables también en inversiones sin que les cueste a ellos un solo centavo.
Si es que acaso también disidieran pagarlo, después de que bajaron sus precios al público, dado que sus ventas disminuyeron debido al repudio popular por haber participado estos en el golpe de Estado; bien podrían demandar en los tribunales seguir exonerados de impuestos amparados en la Ley de Incentivo al Turismo (LIT), que un diputado nacionalista intenta, desde marzo, se prorrogue la exención en 15 años más.
Solo el año pasado, el Estado habría dejado de percibir más de 800 millones de lempiras (42 millones de dólares) por la exoneración de impuestos a empresas en el Régimen de Importación Temporal (RIT), según la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
También con el 0.03 por los movimientos bancarios que aunque son aplicables a los ahorrantes que poseen cuentas arriba de 100 mil lempiras, el gravamen tendrá efecto sobre asalariados y productores pequeños que con sus economías de muchos años han logrado acumular una cuenta bancaria igual o mayor a ese monto.
Los empresarios mineros son los más incómodos que no hayan de quien sacar la tasa, porque sus productos (oro, plata, zinc, plomo, piedra, carbón) no los venden directo al público, sino a otros empresarios fabricantes y procesadores, que reclamarán por los nuevos precios de venta y volverán a pasar la factura a sus clientes…otra vez los asalariados. Y en lo único en que los empresarios mineros ya estarán pensando para resarcirse de la tasa de seguridad… es en congelar al máximo los salarios de los trabajadores.
La decisión de no imponer gravamen a las remesas, menos que una medida generosa a favor de las familias emigradas que las producen, sobretodo en España y en los Estados Unidos, parece más bien proteger el flujo de divisas para asegurarse no mermar las ganancias por intermediación en bancos y trasnacionales de corretaje, que ya alcanzarían a transar, de dos mil 500, a dos mil 600 millones, según proyecta el BCH al 2011.
Además de bloquear que los que envían remesas en moneda extranjera, por evitarse pagar el gravamen, terminen creando un mercado informal de intermediarios que amenazaría reducir las utilidades que ahora ganan los grandes remeseros bancarios por manejar el traslado de esas divisas. Una ganancia de 187 millones de dólares, registraron solo en 2002.
De todas formas, serán siempre esas remesas familiares y la masa de salarios de los trabajadores que ahorrados en cuentas bancarias, después de varios años de esfuerzo, alcancen saldos iguales o ligeramente superiores a 100 mil lempiras que, al final, terminarán por alimentar el fondo temporal de seguridad.
Otra fuente de ingresos para la cuenta de seguridad, equivale a 250 lempiras (unos doce dólares) que será pagado, cada año, también por la gran mayoría de usuarios, trabajadores asalariados, informales y pequeños productores y comerciantes, en escarnio de sus escasos ingresos, por el derecho a portar un número de teléfono celular que ya les pertenece.
¿Seguirán evadiendo los empresarios? Los empresarios podrán convenir en financiar, aparentemente, el Plan. Pero, cumplir lo prometido… es otra cosa. Sobre todo, en la cultura de negociación del régimen que, como estrategia, firma pactos amplios y ambiguos, que el opositor o reclamante no exige precisar, quedando perdido en la interpretación artificiosa en que lo dejan.
Un comportamiento vicioso de muchos años en el empresariado local es evadir el pago de tributos, o retener por mucho tiempo impuestos indirectos y apropiarse de los intereses conseguido en depósitos bancarios por el dinero que custodian solo como colectores del Estado. La misma secretaria Clinton criticó en la conferencia, que en Centroamérica algunos países no alcanzan una recaudación fiscal ni siquiera del 10 por ciento.
La evasión fiscal de una gran parte del empresariado hondureño ya alcanza los ocho mil millones al año, según informó el propio poder Ejecutivo al Fondo Monetario Internacional (FMI) durante sus evaluaciones en septiembre de 2010. Lo que indicaría que los mil 500 millones para seguridad, bien pudiera financiarse solo con los impuestos de unas pocas empresas (que no son los que pagan).
La irregularidad empresarial, además de evadir las tasas obligatorias, incluye la retención prolongada de los impuestos indirectos pagados por la ciudadanía cuando sirven de colectores al gobierno; el uso de triquiñuelas contables para calcular utilidades menores sobre las que resultan impuestos a pagar irrisorios; o inclusive, negociaciones o sobornos a los auditores y supervisores fiscales para no pagar, o entonces reducir los tributos al Estado.
Y nada parece indicar que algo de eso vaya a cambiar.
Es ilusorio hacer creer que los grandes capitalistas afectarán sus lucros para pagar la seguridad con la que el Estado les protege sus bienes y riquezas, en desmedro de la demás población abandonada a la agresión y al crimen, tanto las victimas como los delincuentes que son en su mayoría a su vez víctimas de la locura del sistema. Es por demás opuesto a la esencia de la acumulación basada en la explotación humana.
A más de que, el neoliberalismo exige un comercio libre -más bien libertino-, sin intervención del Estado que aunque le reclaman no ser paternalista y reduzca su función social protectora, deberá resguardar y asegurar mecanismos que rescaten la caída de capital y otras amenazas… Un estado paternal al cuidado del capital, pero verdugo del ser humano.
Congreso hondureño, el más diligente en aprobar millonario financiamiento
Como también es fantasioso suponer que los dueños de las curules actúan con autonomía y ¿que utilicen sus propios criterios para tomar decisiones nacionales, sin influencia de un poder económico local o transnacional?
¿Quién -de todos modos- les indicó elaborar este plan, crear esa ley, y cómo financiar tal fondo temporal de seguridad? ¿Cómo es que el Congreso concluye que es esta y no sea otra la ley necesaria que debe discutirse y aprobarse?
¿Quién les advirtió que su gobierno no aportaría más dinero al Plan y que buscaran cómo pagarlo? ¿Quién les dijo priorizar la seguridad si la causa de la agresión violenta en poblaciones hambrientas, despojadas y empobrecidas, no se reduce con los órganos de represión y sus armas? ¿Temen al acorralamiento de los miserables? ¿Quién hizo global la guerra antiterrorista, anti narcotraficantes y de combate a pandillas?
El Legislativo hondureño dio muestras de su eficacia y acato inmediato, adelantándose al resto de los centroamericanos. Informe internacionales indican que las reformas fiscales han fracasado en Guatemala, y que en Costa Rica, es muy improbable que el Congreso apruebe ni siquiera un proyecto del Ejecutivo que se destinaría a bajar el elevado déficit público, por segundo año, haciendo difícil un plan de financiamiento semejante.
Sólo el gobierno salvadoreño ya invierte sin resultados, un mil 450 millones de dólares para seguir una fracasada guerra anticrimen, y busca más dinero
Pero el presidente salvadoreño fue quien se encargó de regar la semilla de la cooperación para la seguridad, inspirado, según reconoció en la primera semana de junio, en el expresidente colombiano, Álvaro Uribe, creador de un impuesto que financia con “inversiones en armamento y aumentos al ejército”, la “guerra contra el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares”.
En contrasentido, los empresarios salvadoreños reclamaron al gobierno de Mauricio Funes en marzo de 2010, cambiar la política de seguridad y cuestionan que éste gaste unos Dos mil 150 millones de dólares en atender el problema de la violencia, y que todavía busque financiar un presupuesto extraordinario de 380 millones de dólares hasta 2014, elaborado por un gabinete de Seguridad 'sin resultados' en frenar la violencia, informó Contrapunto.
La Cámara Salvadoreña de Comercio, señala que cerca de un 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador se gasta por la criminalidad. El sector privado ya gasta unos 700 millones de dólares en seguridad privada y en tecnología para combatir la delincuencia, mientras que el gobierno invierte un mil 450 millones. ¿Entonces cuáles serán los resultados del plan guerrerista que Centroamérica seguirá?
Peligroso conflicto de interés, seguridad y justicia financiados “por empresarios”
Cabe cuestionar si este financiamiento al sistema orgánico de seguridad, y peor aun al judicial, hecho a nombre de empresarios, pone a riesgo esta relación entre el Estado y sus financiadores se convierta en algo así como un contrato por servicio preferencial estatal “pagado” por los empresarios privados, haciendo que la afamada “seguridad poblacional” se reduzca al cuidado de las grandes empresas y se incline al interés del empresariado.
Lo que vendría quizá solo a agravar una situación ya existente. Pues varios abogados han divulgado en diversos medios que en la jerga litigante se acostumbra designar a un juez de entre varios, mencionando el nombre de éste seguido de un apodo que puede ser el nombre de una empresa o al apellido del empresario a quien señalan que el funcionario 'pertenece'.
Asimismo, subyace una persecución a la población más pobre, alegando que parecen mareros y que estos siempre son criminales, o son responsables inmediatos por un delito especifico en el que a veces ni siquiera participa, justificada solo en imágenes, preconceptos y percepciones policiales.
O entonces, podría inculparse a opositores al régimen tildados como agitadores o simples revoltosos. Como ya ocurrió en el Norte hondureño con campesinos enjuiciados de terroristas por manifestarse en reclamo de su derecho a la tierra, precarizando más la relación entre libertad, seguridad y los derechos humanos.
Terrorismo y disidencia, la influencia colombo-estadunidense: Más peligroso todavía es el nexo que comienza a introducir el sistema de seguridad y el judicial al cruzar terrorismo, narcotráfico y disidencia, como mostró un reportaje a campesinos en lucha por recuperar su tierra, relacionándolos con células terrorista de las FARC, o de estar conectados a narcos; y algunos medios, que en Honduras según ONU, hay Al Queda; y otros, que ya hay en el país hondureños en cartel mejicano Los Zetas.
Lo que no parece una idea local. El propio presidente del legislativo, Juan Hernández, califica de éxito las medidas de seguridad de Colombia, Chile y Panamá -los pocos países de derecha dura en América Latina- por lo que pretende imitarlas, basadas en informes y orientaciones dirigidas por la lucha global estadounidense antiterrorista y contra narcos.
El informe estadounidense titulado, Bandas, Cárteles y Seguridad Nacional, del National Gang Center (NGC), dice que los cárteles mejicanos tienen un 'sistema de franquicias” con pandillas locales, siendo preocupación principal de Estados Unidos que el primer grupo criminal binacional, Barrio Azteca, se perfila como 'insurgencia criminal'. Pero, México rechazó de inmediato el término de Narco insurgencia, publica Excélsior.
Según define el informe del NGC, una lucha armada por drogas o cualquier otra que disputa el poder al gobierno, la autoridad de Estado, es insurgente: Las insurgencias son un tipo armado de conflicto entre beligerantes que intentan ganar poder sobre otro, esta lucha entre cárteles no es solamente acerca de drogas, o acerca de crimen, ha escalado a un grado que se ha convertido en una lucha de poder entre bandas y el gobierno, dice.
La situación es alarmante si se sabe que parte de la población es atraída por grupos criminales para sobrevivir a la pobreza y a la injusticia social. El secretario general de la Organización de Estados americanos (OEA), José Miguel Insulza, fortalece todavía más lo del «nuevo fenómeno de insurgencia criminal en Latinoamérica” cuando recién declaró que en América Latina «la calidad de las democracias se ha venido deteriorando».
Agregando que en la región " abunda la frustración ciudadana ante la desigualdad de riqueza y poder, la débil participación popular en los asuntos públicos, la corrupción pública y privada, la inseguridad ciudadana y la debilidad estatal".
Llevando a vislumbrar que no estaría muy distante que, desde la OEA, podría suscitarse un acuerdo internacional para promover una legislación más específica sobre grupos delincuenciales vistos como insurgentes, y de disidentes políticos tenidos por criminales.
El estudio también dice que los carteles más poderosos de México, como los “del Golfo, Federación Sinaloa, los Beltrán Leyva, de Juárez, de Tijuana, Familia Michoacana y los Zetas”, están ramificados entre 230 ciudades de Estados Unidos y Canadá, además tienen “oficinas de presencia comercial ilícita” en otras 17 naciones americanas, incluida Centro América; además de Europa, Asia y África.
En el informe comparan los cárteles de la droga y las organizaciones mejicanas delincuenciales como muy parecidas a las bandas criminales de Colombia, capacitadas por ex miembros de grupos especiales militares como las FARC y las bandas de ex paramilitares, que dedicadas sobre todo a la extorsión, el secuestro y al tráfico ilegal de drogas y armas de fuego afectan al resto de la población con “homicidios, masacres, secuestros y extorsión”.
Tácticas criminales comparadas por autoridades policiales de la región como menos 'suaves' que Al Qaeda, según el informe. Además que el director de operaciones globales de la DEA mejicana, expresa que el narcotráfico asociado con diversas organizaciones criminales transnacionales que operan en México y Centroamérica, “amenazan la seguridad nacional de esos países” y que de la misma manera debería verlo los Estados Unidos.
El gobierno colombiano creó una Política de Seguridad para la Prosperidad, que tiene como meta 'derrotar a las FARC, el ELN y las siete bandas criminales que operan en el país' en estos cuatro años, afirmando que la 'extrema izquierda' está penetrando el movimiento social. Seguridad para la Prosperidad es un slogan tomado por el régimen hondureño. ALAINET
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